De nuevo a vueltas con la dichosa Ley D'Hont

Después de muchos años analizando, explicando y aplicando en múltiples supuestos la Ley Electoral vigente en España, todavía subsiste el mito de que la Ley D’Hont es un mecanismo de corrección de resultados, que altera la proporcionalidad del reparto de escaños, beneficiando sistemáticamente a los partidos mayoritarios. No es cierto. La llamada Ley D`Hont es uno de los diversos mecanismos que garantizan el reparto sea proporcional en cada circunscripción.

Espero poder demostrarlo con un ejemplo reciente, sin necesidad de extenderme en exceso. Tomemos los resultados de la Provincia de Granada en las recientes autonómicas andaluzas de marzo de 2015.

Se emitieron   452.686  votos válidos para elegir  a 13 diputados y esos votos se distribuyeron así:

PARTIDO	VOTOS	VALOR DE UN ESCAÑO*	ESCAÑOS **
PSOE-A	156.779	34.822	4.50
PP	135.881	34.822	3,90
PODEMOS	62.902	34.822	1.80
C's	43.292	34.822	1,24
IULV-CA	27.581	34.822	0,79
UPyD	8.329	34.822	-
PA	5.466	34.822	-
PACMA	2.851	34.822	-
VOX	1.862	34.822	-
FE de las JONS	593	34.822	-
PUM+J	540	34.822	-
PBG	493	34.822	-
RECORTES CERO GRANADA	442	34.822	-
PCPE	431	34.822	-
BLANCO	5.244	-------
TOTAL VÁLIDOS	452.686	34822	13,0

(*)Valor obtenido dividiendo los votos válidos emitidos entre 13 que es el número de escaños a repartir.    

(**) Los escaños están expresados en forma decimal, señalando un número de escaños “enteros” y una “fracción de escaño” inferior a la unidad que es más o menos grande en proporción exacta a los votos obtenidos.

Ese reparto estrictamente proporcional nos daría el siguiente resultado:

Partido	Escaños “enteros”	Fracción de escaño o “resto”
PSOE	4  escaños	0,50
PP	3  escaños	0,90
PODEMOS	1 escaño	0,80
C’s	1 escaño	0,24
IU	-	0,79
TOTAL	9 ESCAÑOS	3,23

En primer lugar hemos repartido entre los que tienen votos suficientes para tener derecho a escaños completos. En ese primer reparto IU no obtiene ningún escaño porque tiene menos de 34.822 votos que es lo que ha resultado valer el diputado en esta provincia. Hemos asignado 9 diputados, luego quedan por repartir 4. Para ello ordenamos los partidos en orden descendente del valor de sus respectivos restos:

Partido	Fracción de escaño	Escaño asignado:	Total escaños
PP	0,90	Escaño número 10	3+1= 4
PODEMOS	0,80	Escaño número 11	1+1= 2
IU	0,79	Escaño número 12	0+1= 1
PSOE	0,50	Escaño número 13	4+1= 5
CIUDADANOS	0,23	No hay escaño 14	1+0= 1

Este reparto es de una impecable e indiscutible proporcionalidad.  Lo que hay que comprobar es si, como se insiste una y otra vez, la Ley D’Hont altera esta proporcionalidad y beneficia deliberadamente a algún partido.

La asignación de escaños establecida por aplicación de la Ley D’Hont resultó ser la siguiente:

PSOE	5 escaños
PP	4 escaños
PODEMOS	2 escaños
C’s	1 escaño
IU	1 escaño

¡Oh sorpresa!: El reparto es idéntico. La Ley D’Hont no ha alterado la proporcionalidad sino que la ha respetado escrupulosamente mediante un cálculo distinto y más rápido.

El PSOE no se ha llevado el último escaño por ser el partido más votado, sino porque su ‘resto’ (0,50) es el más pequeño. IU se lleva 1 diputado y se lo lleva antes que el PSOE, porque su resto (0,79) es mayor que el del PSOE.

Sorpréndanse las plañideras que vienen llorando hace años porque la Ley D’Hont fue ideada malévolamente para perjudicar al PCE y, por herencia, a  IU. Sorpréndanse porque resulta que IU, en estas elecciones, se ha llevado un diputado sin tener votos suficientes para ello, de modo que le ha costado el escaño 27.581 votos, mientras que al PSOE le ha salido por 31.356, a PODEMOS por 31.451, al PP por 33.970 y a Ciudadanos le ha salido por 43.292.

Pero sorpréndanse aún más: si la mitad de los electores de IU hubiesen decidido votar en blanco, IU se hubiese llevado igualmente un escaño con menos de 14 000 votos, por la sencilla razón de que con un poco más del 3% de los votos válidos, entraría en el reparto y su resto sería entonces de 0,39. El PSOE, con un resto de 0,50 se hubiese llevado el diputado número 12. Y el número 13, el último, no sería para el más votado, sino para el menos votado, IU, que con 13.500 votos, se llevaría un escaño, lo mismo que C’s, que también se llevaría 1, con más de 43.000. Lógico y justo, a pesar de todo, porque, el ´resto´ de IU (0,39) sigue siendo mayor que el ´resto´ de Ciudadanos  (0,23).

Este ejemplo puede ser sometido a comprobación en cualquier provincia de España, en cualquier proceso electoral.  Ya sé que no importa. Que incluso si alguien se decide a comprobar y verificar lo que digo,  seguro que podré seguir leyendo por doquier la tarantela de que la Ley D’Hont es un diseño malévolo del “sistema” o del “Poder Real” en beneficio de este o de aquel partido de la casta y que roto el “bipartidismo” (otro mito propagandístico) el sistema presuntamente diseñado para beneficiarlo, se podría volver contra ellos.

Pero uno ya está acostumbrado a que el CIS sea el colmo de la manipulación, si estima que no ganará mi partido, y un excelso representante de la Ciencia cuando, por fin, admite que ganarán los míos. Uno ya está acostumbrado a que si un sistema electoral concede un diputado entero al partido que tiene votos para 0,90 diputados, será un sistema tachable de desproporcionado, injusto y antidemocrático, si el partido del 0,90 es el PSOE o el PP o cualquier otro partido de “la casta”. Uno ya está acostumbrado a que el “Mester de Progresía” descubra que un sistema que regala 50 diputados al Partido que gana, resultará ser un sistema democrático, proporcionado, justo y necesario, responsable y popular… siempre que gane Syriza y no el Pasok.

Los que siempre hemos defendido que la Ley D´Hont no es un atentado contra el justo y democrático reparto de los escaños en nuestros procesos electorales, sino al contrario, una garantía de proporcionalidad en el reparto de los “restos”, nos alegra comprobar que, cuando cambia el panorama político y nuevos partidos acceden a ese reparto de “restos”, la Ley D’Hont siga ahí, vigente, para seguir garantizando la proporcionalidad del reparto y a ellos, a los nuevos partidos, también les  “beneficie”.

Lo que sería de esperar, es que los activistas y dirigentes de esos nuevos partidos que siempre tuvieron una infundada actitud crítica con este aspecto de nuestra ley electoral, mantengan sus puntos de vista, si alcanzan el poder, y modifiquen las normas que le permitan renunciar a los “privilegios injustos” que presuntamente recibirían de la aplicación de las normas. Presuntos privilegios que recibirían por el solo hecho, carente de importancia, de que la soberanía popular los haya elegido mayoritariamente. Y es que mientras nuestros conciudadanos sigan votando partidos tradicionales, nuestro pueblo será inculto, manipulado, vendido y cómplice de la corrupción económica y política. Pero si un día, en uso de su soberanía, decide cambiar de partidos, ese mismo día del despertar, del nuevo amanecer, el pueblo pasará a ser sabio, preparado, combativo, libre y… maduro.

Desde la izquierda, tendríamos que ir adoptando la costumbre de ser más rigurosos y menos sectarios. Nuestra Ley Electoral tiene algunos defectos notables. El principal de ellos, que el voto de los ciudadanos no vale lo mismo según la provincia de residencia y que las diferencias pueden ser estridentes y escandalosas. Eso debe y puede arreglarse, aunque  para ello haya que modificar la Constitución. Pero la ley D’Hont no hay que tocarla para nada. Ahí no está el problema. Y hace tiempo que, después de tantas asambleas repletas de jóvenes sobradamente preparados, deberíamos saberlo.